Sin una gestión propia de los recursos económicos generados en Cataluña no es posible asegurar en el futuro el bienestar de sus ciudadanos y la competitividad de su economía. Ésta es la principal conclusión que se extrae de un manifiesto, en el que se han adherido amec, CECOT, FemCAT, la Comisión Económico-fiscal de PIMEC y las Cámaras de Comercio de Barcelona, ​​Girona y Sabadell, a partir de un informe elaborado por el Colectivo Economistas por el Bienestar.

Durante el acto de presentación del texto, este viernes en la Cámara de Barcelona, ​​se ha recordado que las recientes huelgas en la sanidad y en la enseñanza –que representan un elevado porcentaje del presupuesto público– apuntan a un Gobierno catalán que no dispone de más recursos para la infrafinanciación y que, gobierne quien gobierne, las reivindicaciones sociales tienen un recorrido muy corto para ser atendidas con los recursos actuales. El incremento enorme de la población en Cataluña en los últimos 30 años (26% de incremento cuando Europa crecía al 4%) y las últimas crisis económicas y sanitarias han tensado más el sistema y le han llevado a unos límites que piden una acción contundente.

Pese a que Catalunya se comporta con fortaleza y con un peso cada vez mayor de las exportaciones, la mala financiación de la Generalitat –y el enorme déficit fiscal– hace que la economía vaya perdiendo peso en todos los indicadores de bienestar y vea cómo su PIB per cápita también se estanca en relación con otras regiones del Estado o de Europa.

El manifiesto parte del trabajo del Colectivo Economistas por el Bienestar y está abierto a recibir adhesiones de otras organizaciones o de particulares a una página web creada al efecto.

El déficit fiscal, un lastre para la economía

El portavoz del Colectivo Economistas por el Bienestar y exdecano del Colegio de Economistas, Joan B. Casas, se ha referido en su exposición al crónico déficit fiscal catalán, que desde hace décadas está situado tozudamente alrededor del 8 % de su PIB –netamente superior al de regiones dentro de estados como California (4,19%), Ontario (2,33%), Flandes (4,4%) o Madrid (5,57%)– y que sucesivos gobiernos y modelos de financiación no han corregido. En este sentido, Cataluña es la segunda comunidad en aportación de recursos por habitante al tesoro español y es la décima en recepción de recursos, pasando a la decimocuarta si se considera el diferencial del índice de precios.

La enorme redistribución de recursos económicos dentro de España, por el contrario, no se ve reflejada en una mayor convergencia económica entre regiones sino tan sólo en una nivelación de servicios del estado del bienestar, lo que cronifica los males del actual sistema y hace imposible vislumbrar una mejora del mismo por la vía del progreso económico y el incremento de las aportaciones que resultaría por parte de las comunidades que hoy son receptoras limpias del sistema.

El estado del bienestar en Cataluña se ve reflejado en su Índice de Progreso Social (IPS), que publica la Unión Europea. En España, este índice está fuertemente correlacionado con la disponibilidad de recursos públicos por habitante (a más recursos públicos disponibles, mayor IPS). En cambio, está inversamente correlacionado con el PIB per cápita, ya que las comunidades con mayor PIB per cápita terminan precisamente recibiendo menos recursos públicos por habitante. Como resultado, Cataluña, fuertemente penalizada a la redistribución, ocupa el 76º puesto en PIB per cápita de las 240 regiones europeas objetos de estudio y el 135 en Índice de Progreso Social, fruto de la carencia de recursos suficientes. Esta correlación sí se da en las comunidades forales del País Vasco y Navarra, que gestionan recursos mucho más abundantes. País Vasco ocupa la 51ª posición en Europa en PIB per cápita y la 48 en Índice de Progreso Social.

Por último, se analiza el caso de las inversiones estatales en infraestructuras, en las que otra vez Cataluña está muy por debajo de lo que le correspondería por peso económico o poblacional, recibiendo de forma consistente a lo largo de los años un porcentaje de inversiones sobre su PIB que es algo más de la mitad de lo que se dedica al resto de España, con comparaciones extremas en el caso de Madrid. La política de infraestructuras -se ha remachado- no es sólo un problema de volumen sino de un diseño que no tiene presente las necesidades de la economía catalana, y se ha puesto como ejemplo el corredor mediterráneo o que el tramo Barcelona-Tarragona es el tercer núcleo europeo después de Rhur y Milan en volumen de tráfico de mercancías.

Joan B. Casas ha terminado su exposición explicando que el trabajo que se presenta no entra a dirimir las fórmulas para conseguir el objetivo de gestionar los recursos económicos generados en Cataluña y que cada opción política verá a su manera, pero ha remarcado que debería ser un objetivo de todos los electos en Cataluña luchar de forma solidaria para conseguir ese objetivo.