La Comisión de Urbanismo, Infraestructuras y Transporte, presidida por Pere Puig, ha comenzado su legislatura poniendo el foco en la gestión y retirada del amianto, pendiente de una regulación autonómica que logre la eliminación de los 4 millones de toneladas de amianto aún presentes en Cataluña.

Con la celebración de la primera reunión de la legislatura dedicada al anteproyecto de ley de la retirada del amianto, en la que también ha participado el director de la Agencia de Residuos de Cataluña, Isaac Peraire Soler, se ha dado a conocer un manifiesto que se puede consultar íntegro en este enlace: Posicionamiento Cámara Sabadell por la retirada del amianto – Mar24.( texto en catalán)

En la reunión, el presidente de la comisión ha enfatizado que es un tema muy preocupante para las empresas por el impacto que puede suponer en el ámbito económico y en su competitividad. También ha destacado que es imposible cumplir con los plazos que marca la regulación europea que obliga a todos los edificios públicos a retirar todo el amianto en el año 2028 y al resto de empresas, edificios y construcciones en el año 2032. "Nos preocupa que podamos disponer de una ley que regule la gestión y retirada, pero también las sanciones y que no tengamos margen suficiente ni ayudas para llevar a cabo las actuaciones necesarias", ha dicho.

En este sentido, el director de la Agencia de Residuos de Cataluña ha querido destacar que es un organismo que ya ha realizado mucho trabajo y que la convocatoria anticipada de elecciones no debería afectar mucho, ya que se está trabajando con grandes consensos, "el próximo gobierno tendrá hechos la mayor parte de los trámites necesarios para la nueva ley. Somos pioneros con casos únicos como Badia del Vallès o las actuaciones llevadas a cabo después del pedrisco de La Bisbal de l'Empordà. Es un tema que aunque la Agencia depende del departamento de Acción Climática, está liderado por el mismo presidente Aragonès y se trabaja con la línea de intentar cumplir los plazos".

Las ideas clave en las que está trabajando la agencia son el establecimiento de una retirada progresiva del amianto y medidas de financiación y ayudas para hacerlo efectivo.

La Cámara, por su parte, se ha propuesto como interlocutor entre la administración y las empresas y propietarios de las naves industriales y ha pedido su participación activa de las cámaras de comercio catalanas en la comisión de trabajo.