El texto, consensuado por las 13 Cámaras de Comercio de Cataluña, quiere poner fin a un déficit de más de 10 años en los que Cataluña no ha dispuesto de una ley autonómica propia para regular las cámaras de comercio.
La futura Ley de Cámaras permitirá adaptar la normativa a la legislación cameral estatal aprobada en 2014 y perfilará mejor las funciones de las Cámaras, así como su marco de financiación y de representación.
La propuesta ha conseguido el apoyo de las principales patronales catalanas y de las organizaciones sindicales, así como del Gobierno de la Generalitat y también el apoyo inicial de PSC, Junts, ERC y PP.
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