Las Cámaras de Comercio de Cataluña valoran muy positivamente la iniciativa de la Generalitat de Catalunya de impulsar acciones para agilizar la burocracia y la tramitación de proyectos de energías renovables y de almacenamiento, entre otras medidas, en el marco del nuevo Decreto ley 12/2025 para aumentar la resiliencia del sistema eléctrico catalán. En este sentido, las corporaciones celebran que uno de los primeros proyectos orientados a reducir la carga burocrática administrativa –una reivindicación histórica de las cámaras– esté dirigido precisamente a impulsar proyectos enfocados en avanzar en la transición energética.

Las Cámaras sostienen la necesidad de orientar las políticas públicas hacia la lucha contra el cambio climático, empezando por las fuentes de energía, y corregir las dificultades normativas que retrasan el despliegue de proyectos de renovables y almacenamiento. En este sentido, las corporaciones consideran que este nuevo Decreto impulsado por la administración catalana puede contribuir a mejorar la seguridad del sistema y consolidar el papel de las baterías y las energías renovables.

Una de las principales novedades que introduce el Decreto 12/2025 es que, por primera vez, el derecho catalán reconoce las instalaciones de renovables y almacenamiento como infraestructuras de interés público superior, es decir, que contarán con una prioridad pública por encima de otros intereses y que contribuyen a la salud y la seguridad públicas. Esto permitirá agilizar la tramitación de estas infraestructuras y reforzar su valor frente a posibles bloqueos administrativos.

Además, se establece por primera vez un marco claro para los proyectos de almacenamiento mediante baterías independientes e híbridas, simplificando y agilizando su tramitación y promoviendo un uso eficiente del suelo para baterías. También se articula un mecanismo ágil para acelerar proyectos de energía renovable y de autoconsumo, especialmente los relacionados con el almacenamiento, ya que son claves para la seguridad y la gestión del sistema eléctrico.

El éxito de muchas de estas medidas dependerá, por un lado, de la voluntad política y técnica de priorizar realmente estos proyectos de energías renovables y almacenamiento considerados de interés público superior. Al mismo tiempo, es necesario tener en cuenta que la resiliencia del sistema eléctrico también depende de otros factores que escapan en parte a su ámbito de actuación, como el refuerzo de las redes de transporte y distribución –de competencia principalmente estatal– y la gestión de la demanda. Por último, si un proyecto afecta a especies o hábitats protegidos, deberán aplicarse medidas compensatorias.

Efectos de la nueva regulación en la tramitación urbanística

El Decreto 12/2025 también contempla modificaciones en materia urbanística para integrar mejor las instalaciones renovables y de almacenamiento en la planificación del territorio, ya que históricamente uno de los obstáculos para el desarrollo de proyectos eólicos y solares en Cataluña ha sido la falta de encaje en las categorías de suelo definidas por los planes urbanísticos municipales.

Concretamente, en el suelo no urbanizable se establece que las instalaciones de almacenamiento eléctrico con baterías se consideren servicios técnicos de infraestructura de utilidad pública o interés social a efectos urbanísticos, mientras que en el suelo urbano de tipo industrial se establece que las instalaciones de almacenamiento con baterías y las instalaciones de producción de energía renovable de autoconsumo son compatibles con los usos industriales, logísticos o de actividad económica en estas zonas.

Los ayuntamientos mantendrán la competencia para otorgar las licencias de obras o actividades, y en suelo no urbanizable deberán informar sobre el proyecto de actuación específica, pero ahora lo harán sobre un marco mucho más claro, en el que el principio general es favorable a la implantación de energías renovables.